Derechos humanos en Libia:
Mercenarios, traidores y Al Qaeda armados por la OTAN y EE.UU, están
fuera de control, cometen abusos generalizados
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| La vida no vale nada para los mercenarios del CNT-OTAN |
El informe,
titulado Las milicias amenazan las esperanzas de una nueva Libia,
documenta los abusos graves y generalizados, incluidos crímenes de guerra,
cometidos por una multitud de bandas armada contra presuntos partidarios de
Gadafi, e incluye casos de personas que han sido detenidas ilegalmente y
torturadas, en ocasiones hasta morir.
Las personas
migrantes y refugiadas africanas también han sido blanco de abusos, y se han
lanzado ataques de represalia que han obligado a desplazarse a comunidades enteras.
La dirección de los golpistas el CNT-OTAN, autoridades ilegitimas y odiadas por
el pueblo libio, niegan toda investigación imparcial y ocultan todo informe que
denuncie la barbarie de sus mercenarios evitanto que estos miserables puedan rendir cuentas de sus crimenes.
“Las milicias de
Libia están básicamente fuera de control, y la impunidad generalizada de que
disfrutan alienta nuevos abusos y perpetúa la inestabilidad y la inseguridad”,
ha manifestado Donatella Rovera, asesora general de Respuesta a la Crisis
de Amnistía Internacional.
“Hace un año, la
ciudadanía de Libia arriesgó su vida para reclamar justicia. Hoy, sus
esperanzas peligran por las milicias armadas sin ley que pisotean impunemente
los derechos humanos. La única manera de romper con las arraigadas prácticas de
abusos del régimen autoritario del coronel Gadafi es garantizar que nadie está
por encima de la ley y que los abusos se investigan”.
En enero y
principios de febrero de 2012, una delegación de Amnistía Internacional visitó
11 centros de detención utilizados por diversas milicias en el centro y el
oeste de Libia. En 10 de esos centros, los detenidos afirmaron ser sometidos a
tortura o malos tratos, y mostraron a Amnistía Internacional lesiones causadas
por abusos recientes. Varios detenidos dijeron que se habían confesado
culpables de violación, homicidio y otros delitos que no habían cometido sólo
para que terminara la tortura.
Al menos 1500
detenidos han muerto en los últimos meses a consecuencia de torturas bajo
custodia de las milicias. Sus cadáveres estaban cubiertos de hematomas, cortes
y contusiones, y a algunos les habían arrancado las uñas.
Algunos detenidos
recluidos en Trípoli, Gharyan, Misrata, Sirte y Zawiya y las zonas circundantes
dijeron a Amnistía Internacional que los habían colgado en posturas
contorsionadas, los habían golpeado durante horas con látigos, cables,
mangueras de plástico, cadenas, barras metálicas y palos de madera, y les
habían aplicado descargas eléctricas con cables pelados y armas de electrochoque
parecidas a las Taser.
En un centro de
detención de Misrata, un miembro de la delegación vio cómo unos milicianos
golpeaban y amenazaban a unos detenidos cuya liberación se había ordenado. Un
detenido de Tawargha, de edad más avanzada, estaba encogido, acuclillado contra
la pared y lloraba mientras recibía patadas y amenazas de un miliciano que dijo
a Amnistía Internacional: “los de Tawargha no van a ser liberados, antes
los mataremos”.
En un centro de
interrogatorio de Misrata y Trípoli, Amnistía Internacional encontró detenidos
a los que los encargados de los interrogatorios habían tratado de ocultar y que
habían sido brutalmente torturados, uno de ellos hasta tal punto que apenas
podía moverse o hablar.
No se tiene
constancia de que se haya llevado a cabo ni una sola investigación efectiva
sobre los casos de tortura, ni siquiera sobre los casos de detenidos que han
muerto tras ser torturados en los centros de mando de las milicias o en centros
de interrogatorio reconocidos formal o informalmente o vinculados de manera
formal o informal a las autoridades centrales.
Burlándose de las
leyes y ventilando hipocresía: “A las milicias que tengan un historial de
abusos a detenidos sencillamente no debe permitírseles tener a nadie bajo
custodia, y todos los detenidos deben ser trasladados de inmediato a centros
autorizados de detención bajo el control del Consejo Nacional de Transición”.
Tampoco se han
llevado a cabo investigaciones sobre otros abusos graves, como la ejecución
extrajudicial de detenidos y otros crímenes de guerra, incluido el homicidio de
unas 65 personas cuyos cadáveres se encontraron el 23 de octubre en un hotel de
Sirte que servía como base para los combatientes de oposición procedentes de
Misrata.
En unas grabaciones
de vídeo obtenidas por Amnistía Internacional se ve a milicianos
golpeando y amenazando de muerte a un grupo de 29 hombres que están bajo su
custodia. Se oye a un miliciano decir: “llévenselos a todos y mátenlos”. Los
cadáveres de estos hombres se encontraban entre los que se encontraron tres
días más tarde en el hotel. Muchos tenían las manos atadas a la espalda y
disparos en la cabeza.
Hasta el momento,
la mafia del CNT-OTAN impuesta por los invasores imperialistas-colonialista a
libia no han emprendido ninguna acción contra las bandas de mercenarios,
traidores y AlQaeda que han desplazado forzosamente a comunidades enteras: un
desplazamiento que constituye delito de derecho internacional. Los mercenarios
y traidores de Misrata expulsaron a toda la población de Tawargha, unas 30.000
personas y saquearon y quemaron sus casas como venganza por los crímenes de los
que se acusa a algunas personas de Tawargha de haber cometido durante el conflicto.
De igual modo, miles de miembros de la tribu mashashya fueron expulsados de su
pueblo por milicias de Zintan, en los montes de Nafusa. Estas y otras
comunidades permanecen desplazadas en campamentos improvisados por todo el
país, y no se ha tomado ninguna medida para que los responsables rindan cuentas
o para que las comunidades desplazadas puedan regresar a sus hogares.
“La impunidad
generalizada de que gozan las milicias transmite el mensaje de que esos abusos
se toleran y está contribuyendo a convertir esas prácticas en algo aceptado.
Los responsables de abusos deben rendir cuentas de sus actos y deben ser
apartados de los cargos que les permitan repetir esos abusos”, ha manifestado
Donatella Rovera.
“Es imperativo que
las autoridades libias demuestren firmemente su compromiso de poner fin a
décadas de abusos sistemáticos y para ello deben poner freno a las milicias,
investigar todos los abusos tanto actuales como cometidos en el pasado y
enjuiciar a los responsables –sean del bando que sean- de conformidad con el
derecho internacional”.
Actúa por los
derechos humanos en Libia
Amnistía
Internacional España, a través de www.actuaconamnistia.org,
se está dirigiendo al Consejo Nacional de Transición de Libia para pedirle que
ponga fin a la detención arbitraria y a la tortura que practican las milicias
armadas en los centros de detención contra presuntos seguidores de Gadafi, que
lleve a los responsables de abusos ante la justicia, y que garantice al pueblo
libio un Estado de derecho basado en el respeto de los derechos humanos.
El informe de Amnistía
Internacional recoge las conclusiones de una visita de investigación
realizada a Libia en enero y febrero de 2012, durante la cual los delegados de
la organización realizaron labores de investigación en la zona de Trípoli,
Zawiya, los montes occidentales, Misrata, Sirte y Bengasi.
La delegación de Amnistía
Internacional se reunió con administradores de centros de detención,
personal de hospitales, médicos, abogados, detenidos, ex detenidos, familiares
de personas muertas o víctimas de abusos bajo custodia y representantes de las mafiosas
autoridades libias.
Mercenarios de la OTAN y AlQaeda
secuestran la "transición" libia
Cientos de grupos
armados siguen imponiendo la ley del terror, según un informe de Amnistía
Internacional
Las autoridades,
incapaces de controlar la situación, toleran los abusos
Han pasado 16 meses desde el inicio de la revuelta popular que acabó con el régimen de Muamar el Gadafi. Dentro de una semana, los libios acudirán a las urnas por primera vez en casi medio siglo para escoger una Asamblea Constituyente. Sin embargo, Libia sigue secuestrada por cientos de milicias que combatieron la dictadura y que hoy se han convertido en el principal lastre para la transición a la democracia. Un informe presentado este jueves por Amnistía Internacional (AI) describe un panorama sombrío. Los milicianos se niegan a entregar las armas y continúan cometiendo tropelías. Las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos se suceden con total impunidad.
El informe,
titulado Libya: rule of law or rule of militias? (Libia, ¿imperio de
la ley o imperio de las milicias?), recoge los hallazgos de una delegación que
visitó el país los pasados meses de mayo y junio. Y poco parece haber cambiado
respecto a otras investigaciones previas.
Las
milicias imponen su ley en los territorios bajo su control, y siguen tomándose
la justicia por su mano. Unas 4.000 personas, acusadas de ser leales al régimen
gadafista, están en poder de estos grupos armados, muchas encerradas en centros
clandestinos, en condiciones deplorables. Es cierto que otras 3.000 han sido
transferidas en los últimos meses a las prisiones bajo control de las
autoridades, y que el tratamiento recibido por los presos más antiguos ha
mejorado. Pero los nuevos detenidos (a menudo de forma arbitraria) siguen
sufriendo torturas.
El equipo de AI
halló pruebas recientes de palizas y abusos en 12 de 15 centros de detención:
desde suspensión en posturas dolorosas a descargas eléctricas, pasando por
palizas brutales con barras metálicas, palos o culatas de fusil. El informe
registra al menos 20 casos de prisioneros muertos por tortura desde agosto de
2011. Las fotografías a las que ha tenido acceso la organización no dejan lugar
a dudas.
Tampoco ha mejorado
la situación de las poblaciones desplazadas. Tal es el caso de los 30.000
habitantes de la ciudad de Tauerga, obligados por las milicias de la vecina
Misrata a dejar sus casas, y hoy dispersos como refugiados. Los de Tauerga han
sido señalados por pelear a favor de Gadafi, pero también son negros. Y eso es
un agravante que destaca el informe de Amnistía: tanto los libios de piel
oscura como los inmigrantes subsaharianos son víctimas del racismo latente.
Una
ley concede inmunidad judicial a los milicianos por los actos cometidos
para “proteger la revolución”.
En los primeros
meses de la guerra, las milicias, formadas por civiles y luego reforzadas por
militares y policías desertores, fueron los únicos grupos capaces de garantizar
el orden y llenar el vacío dejado por el desplome del régimen. Los libios
miraban con orgullo a sus zowar, a sus combatientes. Sin embargo, con
el tiempo esos grupos armados se han convertido en pequeños ejércitos, con sus
mandos, sus arsenales y un control territorial que no están dispuestos a
perder. Y han tomado como rehenes a las propias poblaciones, víctimas de sus esporádicos enfrentamientos con ametralladoras o
lanzagranadas, ya sea en Trípoli, la capital, o en Kufra, en el sur del país.
Amnistía
Internacional constata que las autoridades libias (el Consejo Nacional de Transición y el Gobierno
provisional) parecen “no tener capacidad ni voluntad de confrontar a las
milicias”, con la excusa de la inseguridad y de la abundancia de armas. Antes
al contrario, les han dejado las manos libres con una ley, aprobada en mayo,
que concede inmunidad judicial a los milicianos por los actos militares y
civiles cometidos “con el objetivo de proteger la revolución del 17 de
febrero”.
“Los retrasos y las
carencias del Gobierno a la hora de controlar los abusos de las milicias están
socavando las aspiraciones del pueblo libio, que tomó las calles con valentía
para acabar con décadas de represión e injusticia”. Existe el riesgo, advierte
Hassiba Hadj Sahraoui, directora de AI para Oriente Medio y Norte de África, de
que el patrón de violaciones de los derechos humanos que marcaron las cuatro
décadas de régimen de Gadafi “se termine enquistando y reproduciendo”.