miércoles, 26 de octubre de 2011

Análisis de la situación en Libia y el papel de los Estados miembros de la ONU

Tras el asesinato de Gaddafi
Análisis de la situación en Libia y
el papel de los Estados miembros de la ONU

Por: Joaquín Alberto Pérez Ayestarán

Los crímenes de la OTAN están a simple vista: Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia, son sólo algunos de los varios ejemplos donde esta abominable organización, con su brazo forzoso e imperial, ha destruido países y ha cercenado el derecho de los pueblos a su autodeterminación, violando incluso su soberanía.

Ante todos éstos atropellos surgen varias interrogantes, entre ellas:

¿Por qué se manipulan las leyes del derecho internacional para presionar a aquellos países políticamente mas débiles, o con abundantes recursos naturales, o inclusive ubicados en lugares de rutas comerciales estratégicas? ¿Es que acaso el derecho internacional solo sirve para satisfacer los intereses geopolíticos y económicos de las potencias? No existe aun una clara respuesta a éstas preguntas; es por eso que empiezo a pensar que sinceramente la OTAN está por encima de las leyes y de cualquier convenio o tratado internacional.

Ahora, respecto a los peculiares lugares donde la OTAN, ya casi por costumbre, tiende a dirigir sus bombardeos. ¿Acaso habían terroristas en las plantas o redes de energía, en las redes de abastecimiento de agua (el gran río artificial de Libia que provee del vital liquido a gran parte del pueblo libio – 70%), hospitales, escuelas (entre ellas una para niños con Síndrome de Down), universidades (la Universidad de Trípoli entre ellas), mercados y comercios, etc.? Me hago esta pregunta porque, coincidencialmente, son éstos los lugares donde con mayor frecuencia se registran los numerosos bombardeos de la OTAN, que violan, descaradamente, la Carta de las Naciones Unidas. El recurrente bombardeo a los antes mencionados lugares hace pensar que son considerados como objetivos claves por la OTAN, las coincidencias no existen en éste tipo de casos. Tampoco hay una clara respuesta a esta pregunta. Ahora comienzo a pensar ¿de qué sirve tener una Corte Penal Internacional en La Haya? Digo esto porque al parecer, ésta, no es más que una simple herramienta, un organismo que manipula los principios del derecho internacional a su antojo, sirviendo a los caprichos de potencias imperiales.

Ante tantas arbitrariedades y recurrentes violaciones, ha llegado la hora de que el mundo sepa acerca de éstas duplicidades, de estas ambigüedades y de esta política de dobles raseros. Es hora de que el mundo exija un fin a estas practicas anti-éticas y poco profesionales.

Las operaciones de la OTAN en Libia iniciaron tras la aprobación de la Resolución 1973 (2011), por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vale la pena recalcar que ésta resolución ha sido manipulada y violada desde el mismo momento en que se aprobó; el bombardeo de edificios de civiles es solo un ejemplo. Todo ello, argumentando el concepto de la “responsabilidad de proteger”; concepto que, igualmente, ha sido tergiversado para tales fines. Aunque, sin embargo, la mayor violación se puede observar cuando notamos una posición bien definida, por parte de la OTAN, en el conflicto (lo cual es totalmente ilegal); así como el asesinato e intento de asesinato de funcionarios del gobierno, sin existir declaración de guerra alguna. También es ilegal el uso de gran parte del armamento con el que la OTAN está llevando a cabo sus bombardeos aéreos. Ante todas éstas irregularidades y violaciones la Corte Penal Internacional aun no se ha pronunciado; ni mucho menos ha tomado acciones para juzgar a quienes han masacrado, brutalmente, al pueblo Libio. ¿Por qué éste silencio? Las pruebas están ante los ojos del mundo, basta con encender la televisión o leer cualquier diario.

Sin embargo, si bien es cierto que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción en el caso de Libia dado que nunca ratificó el Tratado de Roma – al igual que los Estados Unidos de America – también es cierto que, bajo las normas del derecho internacional, los Jefes de Estado gozan de inmunidad. Entonces, la pregunta ahora es: ¿será la Corte Penal Internacional lo suficientemente independiente y autónoma para juzgar a los asesinos del líder libio, Muammar al-Gaddafi? ¿Cuántas personas más tienen que morir antes de que la Corte Penal Internacional haga algo sobre el genocidio que está cometiendo la OTAN?

En el año 2009, la Secretaria de Estado de los Estados Unidos de América, Hillary Clinton, aseguró que su gobierno valoraba ‘profundamente’ la relación entre Libia y su país. Como es de suponerse, todas éstas declaraciones, llenas de hipocresía, se debieron a la firma de inversiones y acuerdos de venta con Libia, por parte de las grandes empresas de la industria de los hidrocarburos: British Petroleum, Exxon Mobil, Halliburton, Chevron y Conoco, solo para nombrar unas pocas. Durante el mismo año, la administración de los Estados Unidos destinó US$1.5 millones para entrenar a civiles y fuerzas de seguridad del gobierno libio bajo el pretexto de la supuesta protección de sus inversiones y activos en el país del Norte de África. Son ahora éstos mismos aprendices quienes lideran las ‘fuerzas rebeldes’ – pues para ello fueron realmente entrenados – y respaldados, obviamente, por la OTAN. Como podemos observar, este macabro plan de desestabilización y de cambio de régimen en Libia se viene orquestando desde entonces. En síntesis, la supuesta buena relación que existía entre Washington y Trípoli fue solo la excusa para infiltrarse, desapercibidamente, en el país.

Han pasado ya varios meses desde el inicio de las operaciones de la OTAN en Libia, seis meses para ser más exactos. Durante esos meses, la OTAN ha realizado más de 26.000 ataques aéreos, y con misiles, mayormente a infraestructura de civiles. La destrucción de este hermano país ha sido inminente. La OTAN incluso logró, a según por la vía diplomática, el apoyo de la Liga Árabe. En el área económica, las consecuencias también son nefastas. Los activos de Libia, que ascienden a varios millones de dólares, fueron ilegalmente congelados. Vale la pena preguntarse, ¿quien habrá de responder ahora por ese dinero? ¿quién o quienes y cómo lo están manejando? Las sanciones económicas contra Libia, impuestas por la OTAN, no ayudan a alivianar la situación, pues se han visto reducidos los ingresos libios por las ventas de petróleo. Es un verdadero genocidio, desde cualquier punto de vista, lo que está sucediendo en Libia.

El objetivo de la OTAN, realmente, es destruir a Libia, igual que como lo hizo con Irak y Afganistán, o con Yugoslavia previamente. La OTAN quiere asegurarse de que Libia tenga que ser reconstruido por completo; lo que es igual a la obtención de fines lucrativos ya que los contratos para la reconstrucción – de lo que ellos mismos han destruido – serian otorgados, como botín de guerra, a las empresas y compañías de las potencias occidentales. De igual forma, una reconstrucción, desde cero, significaría garantizar el establecimiento de un gobierno títere, que pueda ser tutelado y fácilmente manipulado a sus intereses económicos y geopolíticos. Aunque, si somos un poco suspicaces, podríamos llegar a pensar que incluso una de las razones por las que la OTAN, y las potencias imperialistas que la conforman, desean fervorosamente destruir a Libia por completo es para garantizar su presencia en este país a fin de, eventualmente, tener un acceso mas fácil al momento de iniciar una posible ofensiva militar contra Siria o Irán.

En días pasados trascendió la noticia del asesinato de Muammar al-Gaddafi. Las circunstancias parecen ser muy claras e incluso están a la vista de la palestra publica, todos los medios de comunicación así lo han reseñado: Gaddafi fue asesinado tras su captura. Vale la pena subrayar que el líder libio fue capturado con vida, y, aun y cuando pidió “clemencia”, de nada le sirvió pues las ordenes del imperio ya estaban giradas: Gaddafi debía morir para dar cumplimiento a los planes de neocolonización. Ahora bien, éste asesinato representa un quebrantamiento del orden internacional, pues las ejecuciones extrajudiciales son ilegales, según las normas del derecho internacional. Son los mismos Estados que tanto defienden los derechos humanos los que hoy día reciben, con beneplácito, la noticia de la muerte de, más que Muammar al-Gaddafi, un ser humano a quien le fueron negados todos sus derechos humanos; entre ellos el derecho a la vida y a ser debidamente enjuiciado por los supuestos crímenes que se le atribuyen. Finalmente, ¿quién responde por éste atroz crimen? Los culpables han de ser juzgados, la Corte Penal Internacional y la Comisión de Derechos humanos han de trabajar, en conjunto, para dar respuesta a tantas interrogantes.

Sin duda alguna, es tiempo de que los Estados Miembros de las Naciones Unidas le den un parado a las agresiones neoimperialistas de las potencias de occidente y hagan que sus voces, y el clamor de la comunidad internacional, sean escuchados. Se debe de exigir una investigación minuciosa y exhaustiva de todas las atrocidades y barbaries cometidas por la OTAN, a fin de lograr que se le juzgue por todos y cada uno de los crímenes de guerra que ha cometido. Rusia y China deben de defender y copatrocinar, arraigadamente, ésta causa.

Centroamérica constituye el área más pobre del subcontinente latinoamericano. Con índices socioeconómicos semejantes a los del África Sub-sahariana, los problemas estructurales convierten a sus países (Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua) en una virtual bomba de tiempo; en todo caso Costa Rica escapa en parte a esta tendencia, pero con los planes neoliberales vigentes también allí las cosas están calentándose. En todos ellos encontramos altas tasas de desnutrición, analfabetismo, falta de oportunidades laborales, salarios de hambre, Estados deficitarios y corruptos, escasez de servicios básicos, más una serie de factores históricos que a continuación veremos, que hacen de esta zona un lugar particularmente inseguro. Algunas capitales centroamericanas (San Salvador, Guatemala) figuran entre las ciudades más peligrosas del mundo por los alarmantes niveles de criminalidad. 

No es ninguna novedad que la pobreza extrema funciona como caldo de cultivo fértil para la delincuencia. A este telón de fondo de la pobreza crónica se suman enormes movimientos migratorios desde el campo hacia las ciudades, lo que crea presiones inmanejables en las grandes concentraciones urbanas -capitales de entre dos y tres millones de habitantes, o más-, trastocando la capacidad productiva de las comunidades de origen dando lugar a procesos fuera de control como son los barrios llamados “marginales”, que en realidad son, lisa y llanamente, barriadas pobres. 

En las urbes de los países de la región es muy común la tajante separación entre esos barrios precarios y las barriadas populares inseguras, por un lado, y por otro los lujosos sectores ultraprotegidos de muy difícil o imposible acceso para el ciudadano común y corriente. Caminar por las calles o viajar en transporte público se ha tornado peligroso. E igualmente inseguras y violentas son las zonas rurales: cualquier punto puede ser escenario de un robo, de una violación, de una agresión. La violencia delincuencial ha pasado a ser tan común que no sorprende; por el contrario, ha ido banalizándose, aceptándose como parte normal del paisaje social cotidiano. Es frecuente un asesinato por el robo de un teléfono celular, de un reloj pulsera, de un anillo. 

Actualmente la violencia cotidiana ha pasado a ser un problema muy grave en todos estos países. De hecho, la tasa de homicidios llega, y en algunos casos supera, el 40 por cada 100.000 habitantes en un año, considerándosela como muy alta con relación a los patrones internacionales (la Organización Mundial de la Salud habla de “epidemia” de violencia cuando esa tasa supera los 10 homicidios por 100.000 personas). Esta violencia tiene un costo global como porcentaje del Producto Interno Bruto de entre 5 y 25 %, mientras que el de la seguridad privada va del 8 al 25 % (dato significativo: las agencias de seguridad son el ramo comercial que más ha crecido en la década pasada, y el negocio continúa en expansión). Para ejemplificarlo: en Guatemala hay 6 veces más policías privados –120.000 – que públicos –20.000– y eso no garantiza la seguridad. 

Es importante destacar que víctimas y victimarios son regularmente jóvenes entre 15 y 25 años. 

Tanta violencia nace de un entrecruzamiento de causas: como anticipábamos, de la pobreza estructural, también de la herencia de las guerras de las pasadas décadas, de las migraciones incontrolables; a lo que se suma una impunidad histórica y una profunda ineficiencia de los sistemas de justicia. 

Los años 80 marcaron para Centroamérica una época de furiosos enfrentamientos armados internos. En el marco de la Guerra Fría, desde la lógica insurgente y contrainsurgente que se instauró, el área se militarizó absolutamente. Los efectos inmediatos de esas polarizaciones fueron terribles: muertos, heridos, mutilados, pérdidas materiales. Los 90 dieron lugar a procesos de paz en cada país, terminándose la situación bélica de hecho, pero persistiendo enraizada la cultura de violencia que se instaló en toda la zona y cuyas consecuencias aún persisten. En cualquier república centroamericana hoy puede conseguirse en el mercado negro un fusil de asalto con municiones por 100 dólares, y la costumbre de usar armas de fuego está muy extendida (se calcula que entre la población civil hay igual cantidad de armas registradas que de ilegales).

En general son los sectores juveniles los más golpeados por todos estos procesos, los que encuentran menos espacios de desarrollo. Los prejuicios sociales –alimentados por una ideología patriarcal hondamente asentada– ven en la juventud un problema social en sí mismo, sin atender a la compleja problemática que lleva a la proliferación de pandillas juveniles, lo cual es, ante todo, un síntoma social que habla –violenta, groseramente– del fracaso de los modelos imperantes en la región. Una de las salidas más frecuentes para los jóvenes centroamericanos de escasos recursos, tanto urbanos como rurales –que, por cierto, son mayoría– es engrosar las filas de los inmigrantes ilegales rumbo a los Estados Unidos; y si no, transgresión que permita vivir. Entonces, ahí están a la mano las pandillas (las “maras”, como se las conoce en la región), o el crimen organizado, siempre listo para recibir más mano de obra joven. 

Un ingrediente que coadyuva fuertemente al clima de violencia cotidiana es la impunidad general que campea: corrupción gubernamental generalizada, sistemas judiciales obsoletos e inoperantes, cuerpos policiales desacreditados, sistemas de presidios colapsados; todo lo cual no contribuye a bajar los índices delincuenciales sino que, a la postre, los retroalimenta. En muchos casos diversos mecanismos de los Estados son secuestrados por mafias del crimen organizado, con grandes cuotas de poder político, que manejan abiertamente sus negocios amparados en esa cobertura legal: narcotráfico, tráfico de indocumentados, poderosas bandas de asaltabancos o robacarros a nivel regional, venta ilegal de recursos maderables. Para estos grupos, demás está decirlo, la criminalidad reinante le es no sólo funcional sino necesaria.

Esta ola delincuencial que azota la región se monta, a su vez, en una historia de violencia cultural signada por el autoritarismo, el machismo, la falta de mecanismos democráticos y de consenso, un espíritu casi feudal en algunos casos. Para usar una expresión ya muy dicha, pero sin dudas siempre oportuna: la violencia genera violencia. 

Para la percepción popular la inseguridad pública es uno de los principales problemas a afrontar, si no el mayor, tanto o más que la pobreza histórica. El continuo bombardeo mediático contribuye a reforzar este estereotipo, alimentando un clima de paranoia colectiva donde aparece la “mano dura” como la opción salvadora. Es en esa lógica –deliberadamente manipulada por grupos que se benefician de este clima de violencia– que la militarización de la cultura cotidiana no ceja, y las agencias de seguridad privadas superan con creces a las policías estatales tanto en número de efectivos como en equipamiento; lo cual, valga insistir, en modo alguno garantiza la seguridad ciudadana. 

La solución a todo esto no es la represión; la mejor manera de terminar –o al menos reducir sustancialmente– este cáncer social de la violencia delincuencial, de la criminalidad cotidiana, es la prevención; es decir: el mejoramiento de las condiciones de vida de la población: pan y justicia. La seguridad ciudadana no se logra con armas, perros guardianes, alambradas electrificadas y sistemas de alarmas; se logra con equidad social. 

Entonces, la pregunta de fondo debe dirigirse a ver qué entendemos por seguridad: ¿defensa de la propiedad privada? ¿Respeto a la vida? ¿Respeto a la dignidad de la vida? ¿Cuidado real del medio ambiente? Para las grandes mayorías de la región, la inseguridad no empieza por la ola delincuencial que barre todas estas sociedades y que puede arrebatar un teléfono celular, un par de lentes o un vehículo quizá: empieza por la forma misma en que se vive, por las condiciones elementales en que se desenvuelven las poblaciones, siempre al borde del colapso, resignadas a esa postración. La (in)seguridad ciudadana va infinitamente más allá del cuidado de los bienes materiales: para la mayoría no hay seguridad de seguir viviendo mañana, pero no por la delincuencia, sino por la hambruna, por las enfermedades, por la pobreza crónica que transforma cualquier evento natural en una tragedia, por el próximo golpe de Estado que puede sobrevenir.


Las Razones del Asesinato de Gaddafi

Por: Rafael Hernández Bolívar

Soy de la hipótesis de que los servicios de inteligencia de la OTAN sabían la ubicación exacta de Gaddafi desde antes de iniciar la operación de bombardeos a Libia. Más allá de la altísima tecnología de punta utilizada en el espionaje y los niveles de infiltración de las fuerzas imperialistas hasta alcanzar altas jerarquías del ejército libio, hay una serie de evidencias que apuntan a la confirmación de esta hipótesis.

Lo primero que induce a pensarlo es que el momento de su asesinato fue particularmente oportuno. Se produce después de la aniquilación de las fuerzas gaddafistas y el control por parte de los invasores de los principales focos de resistencia. ¿Imaginan lo que hubiese pasado si esa muerte se produce en los momentos iniciales de la invasión?

La segunda cuestión que apunta en este sentido es el lenguaje deliberadamente ambiguo con que los jefes de la invasión se refieren a Gaddafi como objetivo militar: Al comienzo del conflicto, Cameron dice que el objetivo no es la muerte del líder libio; pero, al producirse ésta, señala entusiasmado que comienza una nueva era para Libia. Clinton, por su parte, dice que el conflicto continúa; pues, era un objetivo secundario. Es decir, hicieron esfuerzos por desviar la mirada de este objetivo y centrar la guerra en la cotidianidad del combate, en la mecánica de los bombardeos y la toma de ciudades.

La tercera es que no hubo ningún ataque previo en los lugares específicos en los que se suponía estaba Gaddafi y más bien divulgaban la idea de que había salido de Libia. Nunca vimos una noticia del tipo “se salvó milagrosamente en un ataque” o, “se tomó un lugar donde minutos antes estuvo Gaddafi”. No. Era como que si no estuviera en ningún lugar.

Por otra parte, la estrategia de destrucción que desarrolló la OTAN necesitaba que Gaddafi estuviera vivo hasta el último momento; hasta el momento en que no fuera necesaria su existencia. Los mercenarios reclutados por la OTAN buscaban como aliados los antigaddafistas que se suponían entre las tribus. Para que su prédica fuese efectiva requería igualmente que el objetivo viviera. Si este desaparecía no habría soporte que hiciera posible una unidad de suyo precaria. Unidad que lucía más como un artificio propagandístico que como una fuerza real de lucha.

Finalmente, para alcanzar el verdadero objetivo de la guerra –apropiarse del país- necesitaban destruir el país y manteniendo a Gaddafi vivo hasta el final podían cumplir con la labor destructiva. Vivo Gaddafi se mantenía igualmente viva la excusa para bombardear, exterminar, destruir ciudades, etc.; en fin, todo lo necesario para obligar a gigantescos gastos en armas y a una multimillonaria reconstrucción. Ambas cosas hipotecan el futuro de Libia por generaciones.

La muerte de Gaddafi fue una muerte gloriosa, patriótica, valiente. En su tierra, con los suyos, en combate, defendiendo la soberanía y los recursos de Libia. Esta muerte engrandece a la víctima y envilece a los victimarios. Su propia muerte dejó al desnudo, una vez más, la falsedad con que los imperialistas disfrazan sus acciones invasoras: Los defensores de civiles desarmados se nos muestran hoy maltratando y asesinando a un Gaddafi sin armas y herido. ¿Juicio? ¿Debido proceso? ¿Defensa? ¿Derecho? Los defensores de los derechos humanos nos presentan a hijos de Gaddafi o compañeros de armas presos en un rincón y minutos después masacrados mortalmente, sin juicio previo, y ya no sólo con la complicidad sino con el aplauso de la comunidad internacional.

Pero esto le salió mal al imperio. También le saldrá mal el esfuerzo que pondrán en impedir que Gaddafi se convierta en símbolo de su pueblo y sostén espiritual de sus luchas. Pese a la destrucción del país, las hoy diezmadas fuerzas del pueblo libio sabrán recuperarse y reemprender, una vez más, hasta la victoria final, la eterna lucha por la independencia y la soberanía. Porque el origen del conflicto son los intereses imperiales y los pueblos tienen el derecho a defenderse.


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